sábado, 11 de mayo de 2013

Los límites con el Esequibo

. El Intendente General de Venezuela, don José de Abalos, toma providencias para asegurar los límites de la provincia de Guayana e iniciar su poblamiento por la parte oriental de Esequibo y la Guayana francesa a fin, de una vez por todas, ponerle freno a las constantes incursiones de los holandeses.
            Convencido de ese propósito prepara una comisión con la misión de asegurar los límites de la provincia por la parte oriental, a barlovento de la desembocadura en el mar del río Orinoco, en el confín de la colonia holandesa del Esequibo.
La dicha Comisión debía acercarse lo más posible a la colonia holandesa procurando escoger el sitio más ventajoso y útil para fundar allí la primera población, vale decir, un terreno estratégicamente apropiado conforme a las circunstancias, para ser fortificado previendo la defensa de los límites, secularmente vulnerados.
En el cuerpo de instrucciones a los comisionados, el Intendente reflexiona y ordena lo siguiente: “no siendo posible sobre un asunto tan vasto, en país desconocido y con tantas contigencias y obstáculos como se presentan a la imaginación dar reglas ciertas y seguras,  se deja a la advertencia y discreción  de los comisionados,  el que ordenen sus disposiciones  y lo que considerasen  más a propósito para la  consecución de lo que se deja expresado.  El fin principal es la población y seguridad de los límites de la provincia de Guayana por la parte oriental de Esequivo y la Guayana francesa”.
            José de Abalos, natural de La Mancha, España, fue el primer Intendente de la provincia de Venezuela.  Especializado en asuntos fiscales y económicos.  Dotado sin duda de una gran capacidad organizativa y una rígida disciplina en el trabajo, todo lo cual quedó evidenciado durante su gestión como intendente desde 1777 que tomó posesión en Caracas, siendo capitán general Luis de  Unzaga,  hasta 1783 cuando por razones de salud debió regresar a la península.  Abalos imprimió gran impulso a la economía, arrebató los privilegios de la Compañía Guipuzcuana  e  hizo que el Monarca rescindiera el contrato con esa Compañía, imputada de irregularidades y del atraso de las provincias.


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