El 27 de marzo de 1767,
Carlos III, Rey de España, decretó la expulsión
de los jesuitas de todos sus
dominios, incluyendo a los que desde 1664 venían evangelizando las regiones del
Orinoco y del Meta.
Esta
disposición afectó a los misioneros regulares de la Compañía de Jesús así como
sacerdotes, coadjutores y legos.
Los
jesuitas, misioneros de la contra-reforma, ascéticos y disciplinados, más que
al monarca, culparon de esta medida al Presidente del Consejo de Castilla, el
Conde de Aranda, un militar y diplomático muy enérgico, imbuido de la doctrina
de los filósofos franceses.
Para
este año de la expulsión, la Provincia de Guayana se hallaba asignada a los
misioneros franciscanos observantes, capuchinos catalanes y padres de la
Compañía de Jesús, así: Desde el mar hasta Angostura, los misioneros capuchinos.
Desde Angostura hasta el Río Cuchivero, los observantes de San Francisco y
desde Cuchivero hasta los confines de la Nueva Granada, correspondía a los
jesuitas.
A
los misioneros jesuitas se les atribuye
la fundación de los pueblos de Carichana, Sinaruco, San Lorenzo, Domo, Piaroa,
Atures, La Urbana, Concepción de Uyape, San José de Paruaza, Santa Bárbara, San
Francisco Regis, Santa Teresa, San Francisco de Borjas, Cabruta y San Luis de
Encaramada.
La
mayoría de estos pueblos fundados desde el Cuchivero hasta Colombia fueron
destruidos por los ataques constantes de los indios caribes y el abandono y
muerte de los misioneros.
Cuando
Don Manuel Centurión recibió de España la orden de expulsar a los jesuitas, sus
poblados pasaron a mano de los misioneros capuchinos que predominaban en casi
toda Venezuela. Centurión se las llevó siempre bien con los misioneros hasta el
punto de que los jesuitas lo elogiaron después de ser arrojados; sin embargo,
sus informes al Rey denunciaron siempre la esterilidad del régimen religioso y
la conveniencia de sustituirlo por un plan de colonización civil.
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