19 de Abril de 1810. El Ayuntamiento de Caracas se transformó en Cabildo Abierto a raíz de la invasión napoleónica a España y tras una serie de eventos que concluyen con el desconocimiento del Consejo de Regencia, se hizo posible la separación política de Venezuela.
La noticia del acontecimiento llegó a Guayana el mes siguiente cuando el delegado Ramón García Cádiz llegó para informar oficialmente sobre los sucesos y pidió que Guayana secundara a la Junta Suprema emanada del Cabildo de Caracas.
El Ayuntamiento angostureño que pasó de inmediato a considerar el asunto se pronunció favorablemente. Las autoridades municipales que habían sido electas el primero de Enero de ese año, fueron desplazadas y se eligió una Junta provincial integrada por el doctor Nicolás Martínez, Carlos Godoy, José Maya, Andrés de la Rúa, Manuel Moreno, Francisco Luis de Vergara, Francisco Rávago, el abogado Félix Farrera, Matías Farrera y Juan Vicente Cardozo.
El gobernador Felipe Inciarte y el Comandante de la Guarnición Andrés de la Rúa renunciaron y la Junta designó al doctor Félix Farrera, Intendente de la Provincia y al Capitán Matías Farrera, su hermano, como jefe de la guarnición.
A los 23 días, justo el primero de junio, llegaron noticias de España a conocimiento del Obispo de la Diócesis, José Ventura Cabello, según las cuales se había instalado el Consejo de Regencia en Cádiz en sustitución de la Junta Central que había sido dispersada y disuelta debido al empuje de las fuerzas francesas. En consecuencia las provincias debían mantenerse fieles al Consejo y no a la Junta Suprema de Caracas. No todos los miembros del Ayuntamiento estuvieron de acuerdo, pero sí la mayoría, especialmente el sector militar, por lo que la Junta provisional terminó disolviéndose para dar nuevamente lugar a las autoridades designadas en las elecciones de enero.
No obstante, quienes eran partidarios de secundar a la Junta Suprema de Caracas, entre ellos, Juan Crisóstomo Roscio, Agustín Contasti, y sus hijos Agustín, Ramón y Orocio, Eusebio Afanador, José Tomás Machado, José Vicente Cardozo, Manuel Moreno, Maneiro y Yánez continuaron trabajando junto con el licenciado Ramón García Cádiz. El trabajo político de este grupo fue considerado de inconveniente y peligroso para la estabilidad de las autoridades españolas, por lo que se dispuso reducirlo a prisión, desterrando a los cabecillas.
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