Expulsados invasores del Cuyuní.

2 de marzo de 1894.  El General Domingo Sifontes asumió la Comisaría del Cuyní, recién creada por decreto del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, Joaquín Crespo, para resguardar y defender los soberanos intereses territoriales de Guayana y Venezuela amenazados por las persistentes incursiones y ocupaciones del reinado británico.

             Situó la sede de la Comisaría en la confluencia del Cuyuní con el Yuruán, frente a la Casa-Fuerte de los ingleses, situada donde se instaló en 1944 la Colonia Penal de El Dorado. Allí, luego de necesarias exploraciones y de haber ocupado las sub-comisarías de Acarabisi, Yuruán y Chicanán, que funcionaban en ranchos y tiendas de campaña así como ejecutados otros trabajos que le fueron encomendados en función de la comunicación y la vigilancia, levantó las primeras casas dando lugar al pueblo que él mismo bautizó con el nombre de El Dorado.

Exactamente a los diez meses  -- 2 de enero de 1895—ocurrió lo que el General Sifontes tenía previsto ocurriría tan pronto quienes estaban del otro lado intentaran ocupar la margen derecha del Cuyuní.

Douglas D. Barnes, Inspector de Policía del Distrito de la Guayana Británica, junto con otros oficiales y agentes de tropa fue reducido a prisión sin dispararse un tiro, por los hombres del Capitán Andrés Avelino Domínguez, lugarteniente del Comisario de Fronteras, quien se hallaba enfermo en Tumeremo. Conducidos presos a Ciudad Bolívar por el coronel Luis Manuel Betancourt, fueron puestos en libertad por el entonces Presidente del Estado, General Manuel González Gil, al disponerlo así el Presidente de la República Joaquín Crespo.

            Mientras tanto, refuerzos provenientes de Demerara, al mando de Michael Mac Turk, trataron de ocupar nuevamente el lugar, pero fueron, esta vez si a tiro limpio, expulsados definitivamente y con refuerzos de voluntarios provenientes de Tumeremo, para dejar limpia la zona que permitió al incipiente pueblo de El Dorado crecer, abrir vertientes y caminos hacia el dominio de unas fronteras legítimas e históricas que si bien fueron defendidas valientemente, más por  espontaneidad de los yuruarenses que por voluntad obligatoria del Gobierno Federal, quedaron truncas en unos 250 mil kilómetros cuadrados, merced al funesto Laudo Arbitral de 1899, dado en París.